El anuncio de una inminente reforma constitucional para limitar el gasto público ha desatado un encendido debate en las redes sociales. Para este lunes 29 de agosto se ha convocado una jornada de protesta en los jardines del Parlamento de Andalucía:
12:00: Foro de Debate y mesa informativa.
20:00: Concentración.
El pasado 23 de agosto, el Gobierno anunció una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna un tope al déficit público. Este proyecto había sido pactado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, las dos principales fueras políticas en el Parlamento, que suman una mayoría suficiente para no tener que contar con ningún otro partido minoritario. La reforma se llevará a cabo en dos semanas mediante un trámite de urgencia (debe estar lista, según el “organigrama” de los líderes socialistas y populares, a principios de septiembre) y se realizará sin debate público alguno y sin contar con el apoyo de la ciudadanía a través de un referéndum.
La reacción ciudadana al difundirse la noticia no se hizo esperar. La redes sociales bulleron con posts, links y mensajes de rechazo frontal a una medida considerada antidemocrática e incluso despótica, por estar realizada a espaldas de la población y en pleno de agosto, es decir, con nocturnidad y alevosía. En medio del fervor, una voz espontánea lanzó una convocatoria para quedar al día siguiente, 24 de agosto, y celebrar una asamblea-debate sobre posibles medidas de protesta.
A la convocatoria acudieron unas cuarenta personas. En medio del calor soporífero de agosto y habiendo sido convocada con tanta premura, el número de asistentes no estaba mal, aunque siempre resulta escaso después de las imágenes a las que las Setas Revueltas nos había acostumbrado. Entre las congregadas, había personas de varias asambleas de barrios y pueblos, de algunas comisiones generales como la de Acción y Extensión (que secundó públicamente la convocatoria) o la de Comunicación, y otras a título individual o que pasaron por allí y en el lugar se quedaron. Como ya prometía la temática, el debate fue intenso, en ocasiones acalorado, y el escenario, ubicado sobre las escaleras y mirando hacia la calle, recordaba al ágora griega o a un anfiteatro romano.
Sin orden del día y a buen ritmo, porque la situación así lo demandaba, la reunión comenzó sin dar demasiado tiempo a los regazados. Como punto de partida, varias intervenciones para explicar lo que esta medida nos supone. ¿Qué significa que el Gobierno promulgue una reforma en la Constitución española para incluir en ella un techo de déficit público? Es decir, ¿qué implica que este ‘tope’ tenga rango constitucional, que esté ubicado en la máxima ley de nuestro ordenamiento jurídico, una ley a la que cualquier gobernante, a nivel estatal, autonómico y municipal debe someterse? ¿Qué significa, además, que tal medida se haga en pleno periodo veraniego y sin realizar una consulta a la ciudadanía? Pero ¿la Constitución no es “la ley del pueblo soberano”?
Dado que nadie entre las autoridades se ha afanado en explicarnos tales cuestiones, la plaza debía ser, una vez más, la única y mejor escuela. A la primera pregunta (¿qué significa dar rango constitucional a un tope de deuda pública?) dieron respuesta varias intervenciones que no pintaron un panorama demasiado halagüeno. Uno de los participantes (al que llamaremos “el profesor”, por desconocer su identidad y por respetar así su anonimato) dio una explicación digna de cátedra (al menos, en opinión de quien escribe estas líneas). En síntesis, resumía que la medida de imponer un tope al déficit público era un paso más en el camino hacia la privatización de los sectores públicos y a la minimización del Estado (una meta totalmente afín al proyecto neoliberal, por otra parte). Pues si los Gobiernos no pueden genera deuda pública (es decir, solicitar ‘créditos’ para financiar el gasto público, de igual manera que una familia se endeuda para adquirir una vivienda, y perdón por la analogía), será cada vez más difícil hacer frente a los gastos, tanto para financiar la sanidad pública, la educación, los subsidios y ayudas a las personas vulnerables (cada vez más en periodos de crisis) etc. Si el Estado no puede pagar, la solución es privatizar, vender a precio de saldo, o regalar las empresas, como ya se hiciera a finales los noventa con la compañía Telefónica.
Este camino hacia la desaparición del sector público tiene, según explicó “el profesor”, otra “pata”. De ella no se habla todavía porque, ya se sabe, hierve a la rana lentamente y no escapará, dale todo de golpe, y huirá de un salto. No obstante, en el Pacto del Euro firmado en junio pasado ya aparece un punto mencionando la “armonización fiscal”. ¿En qué consiste esto? Sencillo: se trata de imponer un tope máximo a los impuestos que sea más o menos común a todos los países de la UE. Ningún país podrá imponer unos impuestos por encima de dicho límite. Entendiendo que será una armonización a la baja (es decir, un máximo de impuestos muy limitado), es posible que, si un Gobierno que no puede superar un déficit púbico determinado (gracias a la reforma constitucional) desea recaudar dinero cobrando más impuestos a los ricos, (grandes fortunas, sociedades etc.), se puede encontrar con este nuevo obstáculo. ¿Qué nos queda? Un Estado atado de pies y manos (y una población amordazada, se podría añadir).
En discusiones como esta siguió la Asamblea, que se prolongó hasta las diez de la noche. En ese espacio se tocaron temas como la posibilidad de exigir un referéndum para que la población se pronuncie sobre la reforma. Pero ¿no es obligatorio? No, para reformas como éstas un referéndum es potestativo (o sea, optativo). Harían falta un 10% de los miembros del Parlamento (35 diputados) que demandaran esta medida. Por el momento, y pese a que algunos diputados lo han exigido, esta vía no ha prosperado.
De este modo, ante el consenso de que el panorama pinta negro y que hay que expresar un rechazo a esta medida (y con este “modus operandi” de los gobernantes), tocaba discutir qué hacer y cómo. Hubo diferentes propuestas, algunas más lanzadas que otras, que coincidían en que las protestas debían tener dos rasgos: impacto y urgencia. Por ello, se decidieron algunas acciones directas para informar a la población y realizar una jornada de protesta frente al Parlamento andaluz, el próximo lunes, 29 de agosto. A las 12 de la mañana de este día se realizará una mesa informativa (la palabra “información” fue constante en todo el debate) y una serie de foros para que las personas que quieran participar y dar su opinión sobre la situación puedan hacerlo. Por la tarde, a las 20.00 horas, se realizará una concentración frente al Parlamento.
Probablemente la reforma se llevará a cabo, porque el Gobierno tiene herramientas para ello. Sin embargo, una de las conclusiones más claras que se extrajeron en aquella reunión es que es inalienable el derecho a la protesta, a la indignación y al enfado, ante las acciones que los dirigentes políticos realizan a espaldas de la gente y de cara a los mercados. Por eso hay que salir a la calle y gritar, alto y claro, como hemos venido haciendo estos tres meses y pico.
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