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La dramática situación del acceso a la vivienda en Andalucía muestra los aspectos más injustos y terribles de la crisis que asola el país. En primer lugar, la vivienda enseña el tipo de economía especulativa con la que muchos se han enriquecido y que ahora ha estallado en la cara de los trabajadores. En segundo lugar, descubre un Estado y una administración política que es capaz de entrar en bancarrota para proteger a instituciones financieras privadas al mismo tiempo que desmantela cualquier atisbo de política social. Por último y en definitiva, refleja la injusticia de una forma de gestión de la vivienda como una mercancía y no como una necesidad y un derecho. La realidad es que mientras miles de viviendas permanecen vacías y se rescatan a los bancos generando una gran deuda pública de Estado, se están echando a la calle a miles de familias: 350.000 desde 2007 hasta 2011, y con más de 500 desahucios al día. Existen además cada vez más personas viviendo en condiciones miserables, con los suministros de luz y agua cortados, hacinados, viviendo en infraviviendas o en edificaciones necesitadas de urgente rehabilitación.
La situación a la que nos han llevado las instituciones políticas y financieras es de verdadera emergencia. Con una tasa de paro por encima del 30%, en Andalucía, miles de personas se ven abocadas a una situación cada vez más precaria y desesperada. Tras los graves sucesos ocurridos en Granada, donde una persona se ha suicidado en su vivienda antes de ser desahuciado, tras haber denunciado con anterioridad los graves problemas de salud que producen los desahucios, tras los resultados de las últimas estadísticas donde más de un 34% de los suicidios están relacionados con los desahucios; exigimos que se paralicen los desahucios ya. Ante esta situación nos preguntamos, ¿cuántos muertos más se necesitan para actuar? No podemos dejar de señalar a quienes son responsables de esta situación: a los jueces, que aplican la ley injustamente, a las instituciones públicas y a los políticos, con las manos manchadas de sangre, y a los bancos asesinos.
Hasta este momento y ante la situación actual, no podemos sino desobedecer las leyes injustas que sostienen una gestión tan ruin del derecho tan básico como es la vivienda, resistirnos a abandonar nuestras viviendas, rechazar la extorsión de la deuda hipotecaria y hacer uso de las viviendas que acumulan sin cesar y mantienen vacías los bancos, y si nos desahucian, reocuparlas.
Nos movilizamos y denunciamos la inoperancia de los gobernantes y de los jueces y la vileza de las instituciones financieras. Debemos organizarnos para luchar y obligar a las administraciones a imponer un uso social de la vivienda.
Los grupos y plataformas contra los desahucios y por el derecho a la vivienda, exigimos:
– Parar todos los desahucios provocados por la crisis que no hemos generado los trabajadores.
– La puesta en uso de las viviendas vacías, despenalizar la ocupación de las mismas y gravar la especulación inmobiliaria y financiera.
– El desarrollo de una política social de vivienda desde lo público: creación de un parque público de alquileres sociales, desarrollo de un programa efectivo de rehabilitación de viviendas, control sobre el precio y asegurar los suministros básicos de luz y agua.
– De forma inmediata exigimos la recuperación del suministro de agua y luz para la Corrala La Utopía de Sevilla.
– Establecer con carácter retroactivo el derecho a la dación en pago propiciando soluciones que permitan a las familias permanecer en sus viviendas.
Defendemos la vivienda en uso. Porque la vivienda es un derecho, no una mercancía. Paremos los desahucios, y sigamos luchando por el uso social de la vivienda.
STOP DESAHUCIOS///Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)///15M Vivienda. Andalucía, noviembre de 2012