Hace algunas décadas (no tantas que no podamos imaginar) tenía que pedir limosna para poder llevar a su hermano enfermo al médico. Eran los tiempos de la sanidad privada, en el que las personas sin recursos tenían pocas opciones excepto depender de la caridad individual o la pública, a través de la beneficencia. A día de hoy, la mujer que cuenta su experiencia frente al micrófono en las Setas se declara una “indignada total”, que mira atónita cómo la sociedad da pasos agigantados hacia atrás, olvidando los derechos que tanto esfuerzo costó conseguir.
Testimonios como este fueron sucediendo el pasado 18 de septiembre en la concentración celebrada en la Plaza del 15-M por la defensa de los servicios públicos. La convocatoria lanzada a nivel estatal por el 15-M en varias ciudades del país no pudo ser más oportuna, pues coincidía con la manifestación de la Asamblea de Montequinto en protesta por el cierre de la Residencia de Mayores en esta localidad.
El cierre de esta residencia adaptada para ancianos y grandes dependientes es, como explicaron miembros de la asamblea, un “desahucio de 184 ancianos” que deberán abandonar su casa en pro de la especulación del terreno. Se trata de un ejemplo paradigmático de las consecuencias del retroceso del Estado del Bienestar. La merma en los recursos destinados a los servicios públicos hace inviable su mantenimiento tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Los efectos, como ya se está viendo en Cataluña o en Madrid (donde profesores, padres y madres de alumnos se manifiestan estos días en defensa de la educación pública) no pueden ser más claros: una disminución de profesionales del sector público, pérdida de puestos de trabajo, disminución en la calidad de estos servicios (a consecuencia de lo anterior) y, finalmente, una progresiva desaparición de lo público y el consecuente aumento de lo privado.
La concentración celebrada en las Setas (donde se reunieron más de 200 personas) fue una sucesión de ejemplos en distintos sectores. Varias personas relataron cómo el ámbito de la educación ya sufre recortes desde hace tiempo. Tanto en la educación primaria como en la secundaria, comentaban varios profesores y profesoras, el número de trabajadores ha disminuido y hay, por tanto, más alumnos por profesor (lo cual dificulta la calidad de la enseñanza). También se han reducido los recursos físicos, que se nota con crudeza en los institutos.
¿Cuál es la consecuencia clave de todo esto? Las familias con recursos llevan a sus hijos e hijas a centros privados o concertados, mientras que, quienes no tienen posibilidades económicas, permanecen en una enseñanza pública cada vez más degradada, no por la falta de profesionalidad o calidad de su profesorado, sino por la asfixia económica a la que se le somete. Esto es, en toda regla, una violación “del derecho de igualdad”, apostillaba un ponente.
La sanidad es otro sector golpeado con fuerza. Recuperando el testimonio de aquella ciudadana “totalmente indignada”, cabe recordar que el acceso universal a la sanidad es, como garantía del derecho a la salud, una de las piezas claves de todo Estado Social y de Derecho. Una apuesta difícil si, como ocurre en la atención primaria (contaba un profesional del sector) se reducen los efectivos humanos y materiales. Todos estos fenómenos se están dando con carácter similar en otros sectores como el judicial (donde la sobrecarga de trabajo ya ha sido denunciada por la magistratura) o el de la Policía (aunque a la hora de los desahucios o de reprimir manifestaciones no se vea tan claro…)
Lo flagrante de esta situación, según subrayaron con vehemencia varias de las personas asistentes al acto, es que mientras se pierden puestos de trabajo en lo público, se pierde calidad y acceso en áreas básicas como salud o sanidad, millones de euros se van por el desagüe de guerras multimillonarias, de la evasión fiscal de las grandes fortunas (a través de sociedades como las SICAV), de la insuficiente lucha contra los paraísos fiscales o del sustento de costosas instituciones como la Monarquía.
Por todo ello, las personas concentradas el pasado 18 de septiembre reclamaban seguir tomando las calles para defender el derecho a unos servicios públicos de calidad, para todos y todas las ciudadanas. Los trabajadores y trabajadoras de la Residencia de Montequinto y familiares de los internos gritaban: “¡Con los ancianos no se juega!” De aquella concentración salía otro clamor: “Con nuestra salud, nuestra educación y nuestros derechos, tampoco”, de ahí el eslogan que coronaba la misma: “¡Banqueros y políticos, quitad vuestras manos de nuestros servicios públicos!”
(Ve las imágenes de la concentración)
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