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Recogida de firmas para que la ILP sea debatida en el Parlamento

El pasado 7 de septiembre, la Mesa del Parlamento de Andalucía admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Asamblea 15-M de Málaga y la comisión juíridica creada para este asunto, integrada por miembros del 15M de distintas localidades de Andalucía.

Si quieres leer el texto completo de la ILP, PINCHA AQUÍ.

Una vez logrado este primer paso, se están recabando las 75.000 firmas necesarias para que la propuesta de ley se debata en el Parlamento andaluz. Asimismo, se realiza un llamamiento a todas aquellas personas que quieran participar en este proceso, actuando de “fedatarios públicos” ante el Parlamento de Andalucía, con la labor de responsabilizarse de la recogida de firmas y de la autenticidad de las mismas. Las personas interesadas están convocadas para este viernes 23 de septiembre, a las 18 horas, en las setas, y también pueden enviar sus datos al correo comisionlegalandalucia@gmail.com.

Según sus promotores, la ILP -que de ser aprobada modificaría la vigente ley de 1988- defiende una mayor participación democrática en las instituciones públicas, basada, fundamentalmente, en la ampliación de materias acerca de las cuales se pueden presentar propuestas de leyes y en la disminución del número de firmas necesarias para ejercer este derecho.

En concreto, se introducen novedades como la incorporación de las asociaciones (antes se restringía a ciudadanos y ayuntamientos) como sujetos con derecho a la iniciativa legislativa popular. Asimismo, se amplían las materias sobre las que se pueden presentar propuestas de leyes, antes vetadas, dejando las puertas abiertas a la planificación económica, deuda pública, presupuestos o la organización de las instituciones de autogobierno. También se proponen cambios sustanciales en el capítulo sobre el procedimiento a seguir para la aprobación de las iniciativas legislativas populares, entre ellos, la ampliación del plazo de recogida de firmas a 6 meses prorrogables otros 2 más o la reducción del número de firmas necesarias -de 75.000 a 41.000- para que sean debatidas las iniciativas en el Parlamento, estableciéndose el número de 82.000 firmas para las nuevas materias propuestas en la normativa.